Con globos negros y carteles que decían “La discapacidad está de luto”, prestadores, familias y organizaciones vinculadas al sector se concentraron esta mañana en la plaza Independencia, en el marco de una protesta nacional contra el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La norma, sancionada recientemente por el Congreso, declaraba la emergencia en el sector hasta diciembre de 2027 y establecía medidas urgentes: regularizar pagos a prestadores, actualizar aranceles -congelados desde diciembre-, reforzar la Agencia Nacional de Discapacidad y garantizar el cumplimiento del cupo laboral. El veto presidencial, oficializado el fin de semana, dejó sin efecto esas disposiciones.
“Lamentablemente, el presidente no escuchó el pedido y vetó la ley. Esto golpea directamente a las personas con discapacidad, que no recibirán lo que por derecho les corresponde”, afirmó Gustavo Anastacio, de la Cámara de Instituciones Terapéuticas y Educativas de Discapacidad de la provincia.
Según explicó, el atraso en los aranceles y la falta de actualización frente a la inflación deja a las instituciones “al borde de la inviabilidad”, con riesgo de recortar prestaciones, suspender personal o incluso cerrar. “Algunos centros ya evalúan planes de crisis; después de diciembre será muy difícil mantener las puertas abiertas”, advirtió.
El reclamo incluye un pedido a los diputados nacionales para que rechacen el veto en la próxima sesión en la que se trate el tema. Mientras tanto, los prestadores insisten en que no se trata de un beneficio, sino de un derecho: “Cumpliendo la ley vigente, todos estaríamos en nuestros centros trabajando, no en la plaza protestando”, concluyeron.
