La Justicia Federal avanza en la investigación de una denuncia por secuestro extorsivo. La víctima es un joven trabajador y los acusados, un grupo de policías que prestan servicios en la comisaría de Lomas de Tafí. Por orden del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, personal de Gendarmería Nacional allanó la dependencia policial. El titular de la fuerza, Joaquín Girvau, dijo que se inició una investigación administrativa, pero sostuvo que el contenido de la demanda no sería real.
Según la denuncia, el martes, A.B.R. -su nombre se preserva por cuestiones de seguridad- transitaba en su motocicleta por la zona del barrio cuando fue detenido por un grupo de policías. Después de pedirle que se identificara y que entregara la documentación del rodado, le indicaron que los acompañara hasta una dependencia policial.
Cuando llegaron al lugar, siempre según la denuncia presentada ante la Justicia Federal, el padre del joven, M.D.R., se presentó en la base del servicio 911 para averiguar cuál era la situación jurídica de su hijo y por qué estaba detenido. Allí, según la presentación, le exigieron $800.000 para que su hijo fuera liberado. “La exigencia fue acompañada de una amenaza igualmente concreta: si no entregaba el dinero, le harían una causa sosteniendo que a A.B.R. lo habían descubierto transportando cocaína”, se puede leer en la denuncia, presentada el mismo día del hecho.
“La circunstancia resulta especialmente alarmante porque la exigencia económica fue efectuada mientras el joven se encontraba bajo custodia policial y, según se nos informó, permanecía todavía privado de su libertad. De este modo, la libertad de nuestro hijo habría sido colocada como objeto de una exigencia económica, utilizándose simultáneamente la amenaza de atribuirle la tenencia de sustancia estupefaciente como mecanismo de presión para obtener el pago”, sostuvieron los denunciantes.
El representante legal de la víctima sostuvo en un escrito que, por la vinculación directa entre “la privación de libertad, la exigencia patrimonial y la amenaza de atribuir falsamente un delito relacionado con estupefacientes, entendemos que los acontecimientos podrían resultar prima facie subsumibles en el delito de secuestro extorsivo, sin perjuicio de la calificación legal definitiva y de la eventual concurrencia de otros delitos”.
“Existe un riesgo actual, concreto e inmediato tanto para su libertad e integridad personal como para la preservación de la evidencia. Particular preocupación genera la afirmación relativa a la cocaína, pues cualquier aparición posterior de una sustancia supuestamente hallada en poder del joven debe ser examinada a la luz de que, con anterioridad, su propio padre recibió una exigencia de $800.000 acompañada precisamente de la amenaza de iniciarle una causa bajo la afirmación de que le habían encontrado droga”, especificó el profesional.
La versión del jefe de la fuerzaGirvau indicó estar al tanto de la situación. “Hemos documentado esa situación. Hasta se filmó un video donde aparece el padre de la víctima amenazando a los gritos al personal y diciendo que movería sus vínculos en la Justicia Federal para que los castigaran”, sostuvo en una entrevista con La Gaceta.
El titular de la fuerza confirmó que, por orden del fiscal Vehils Ruiz, personal de Gendarmería Nacional se presentó en el destacamento policial para realizar un allanamiento. “Fueron a buscar los libros de guardia y de novedades de la comisaría. Pero también les entregamos todos los papeles con los que se documentaron las amenazas de esa persona”, insistió.
“Esta es una de las jefaturas que más personal ha desplazado por hechos de corrupción desde que asumimos la conducción de la fuerza. Vamos a mantener esta política y todos aquellos que cometan delitos serán inmediatamente separados”, finalizó Girvau. /La Gaceta
