El «Efecto Jaldo»: el gobernador marcó el límite y se levantó el paro de la UTA
Tras la intervención directa del Ejecutivo provincial y el respaldo político a la intendente Rossana Chala, el gremio y las empresas retrocedieron en su postura. El Gobierno ahora apunta a una licitación general para renovar el sistema.
El conflicto del transporte en Tucumán dio un giro decisivo y la clave no estuvo en las mesas de negociación técnica, sino en el peso político de la Casa de Gobierno. El paro de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), motivado inicialmente por la propuesta de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), se levantó abruptamente ante la presencia de un actor de peso: el gobernador Osvaldo Jaldo.
La relación entre Aetat y UTA, una dupla que ha trabajado de manera conjunta durante años, encontró finalmente su límite. Jaldo no solo intervino en el conflicto sectorial, sino que hace apenas dos días envió un mensaje contundente de respaldo a la intendente capitalina, Rossana Chala, marcando la cancha frente a las demandas de los gremialistas y empresarios.
Esta alineación entre el Ejecutivo provincial y el municipal ha sido fundamental. Ambos gobiernos vienen sosteniendo el sistema mediante subsidios desde hace tiempo, pero la paciencia política parece haberse agotado. La señal es clara: la gestión conjunta busca poner fin a la incertidumbre constante que afecta a los usuarios.
Hacia un nuevo escenario: la licitación
Más allá de la solución inmediata del paro, el trasfondo de esta maniobra política revela un plan más ambicioso. El Gobierno y la Municipalidad ya han tomado la decisión política de avanzar hacia un proceso de licitación general del servicio.
El objetivo de esta medida es doble: por un lado, brindar «tranquilidad» a los transportistas que aseguran estar perdiendo dinero desde hace tiempo; por el otro, el Estado busca quitarles el peso de la responsabilidad empresarial a quienes hoy operan el servicio para entregárselo a actores que se consideren «más competentes». Con este movimiento, el oficialismo tucumano busca no solo normalizar el servicio, sino transformar estructuralmente un sector que ha sido foco de conflictos permanentes.
