El proyecto del Acceso Sur a San Miguel de Tucumán, licitado por la Nación en 2021 para jerarquizar uno de los ingresos más estratégicos de la provincia, tenía un plazo de ejecución original de dos años. Sin embargo, ya pasaron cinco. Hoy, la obra se encuentra «neutralizada», apenas roza el 15% de avance y tiene altas probabilidades de quedar en el olvido.
La empresa constructora a cargo de los trabajos, Conorvial SA, confirmó que mantiene tratativas avanzadas con la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) para acordar la rescisión de mutuo acuerdo del contrato, firmado originalmente bajo la licitación pública nacional 36/2021.
Un presupuesto inviable: de $1.500 a $35.000 millones
El contexto económico y el cambio de gestión a nivel nacional fueron determinantes. En medio del proceso de reestructuración y ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei, la DNV no parece contar con los fondos para reactivar el proyecto. Por su parte, el Gobierno provincial tampoco dispone de los recursos para absorber una obra de esta magnitud.
El desfasaje económico es brutal y explica gran parte del conflicto:
- Presupuesto original (2021): rondaba los $1.500 millones.
- Costo estimado actual: superaría los $35.000 millones.
Voceros de la constructora santiagueña explicaron que el paso del tiempo y los severos cambios macroeconómicos produjeron una «ruptura» irrecuperable en la ecuación económico-financiera del contrato. “Esto vuelve inviable su reactivación. Además, los plazos están neutralizados desde hace más de dos años por falta de financiamiento”, advirtieron, y señalaron que la rescisión busca evitar «mayores perjuicios» para ambas partes.
El origen: la promesa de la Autopista Tucumán-Termas
El Acceso Sur fue considerado el proyecto de infraestructura vial más relevante para Tucumán. Durante la presidencia de Alberto Fernández, se presentó como la primera de tres etapas para la futura autopista que uniría la capital tucumana con Las Termas de Río Hondo (Santiago del Estero).
La obra, financiada inicialmente con fondos del Tesoro y un préstamo del BID, contemplaba:
- La duplicación de la calzada en un tramo de 2,85 kilómetros (Arroyo Mista – San Miguel de Tucumán).
- La construcción de un distribuidor a distinto nivel en el cruce de las rutas 9 y 306 (cruce de San Andrés).
- La edificación de dos nuevos puentes, incluyendo uno sobre el río Salí.
«Más de 30.000 vehículos transitan por esta ruta que estamos transformando en la autopista más importante del norte argentino», había prometido en julio de 2022 el entonces ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.
Del retraso logístico a la parálisis total
Pese al entusiasmo inicial, las complicaciones no tardaron en llegar. Los primeros obstáculos estuvieron vinculados a la liberación de la traza, ya que fue necesario reubicar líneas de alta tensión y redes de gas. Estas demoras logísticas ralentizaron el ritmo hasta que, sobre el final del mandato anterior, los trabajos quedaron virtualmente paralizados.
Con la llegada de la nueva administración nacional y el freno a la obra pública, el proyecto quedó formalmente «neutralizado» (una figura legal que congela los plazos ante contingencias). Aunque actualmente no hay máquinas operando en la zona, la empresa asegura que sigue asumiendo gastos fijos como mantenimiento y seguros.
El futuro incierto del cruce de San Andrés
Paradójicamente, a fines de 2024 la DNV había asegurado que la obra estaba «priorizada en la planificación de Vialidad Nacional y enumerada en el Presupuesto 2025».
Incluso, el Acceso Sur formó parte del anexo II del convenio firmado en junio de 2024 entre la Provincia y la Casa Rosada. Dicho documento preveía la continuidad del financiamiento federal, pero dejaba una puerta abierta que hoy parece ser la salida más realista: la alternativa de la rescisión «cuando así se considere pertinente».
Tanto en los pasillos de la Casa de Gobierno de Tucumán como en el sector de la construcción, ya dan por descontado que la caída definitiva de esta megaobra es inminente, a la espera del cierre administrativo y la valuación de los trabajos ejecutados que aún no fueron abonados a la empresa.
