A casi 20 años del asesinato de Paulina Lebbos, el expediente vuelve a colocar en el centro de la escena a uno de los nombres que durante años orbitó la causa bajo la sombra de la sospecha y la protección política. Sergio Kaleñuk, señalado por el padre de la víctima como uno de los “hijos del poder”, está imputado por encubrimiento agravado y su situación procesal mantiene en vilo el inicio de un juicio considerado clave para cerrar uno de los capítulos más oscuros de Tucumán.
El debate oral podría sufrir una nueva demora por un planteo de la defensa, que sostiene que el delito está prescripto y busca que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán revise la decisión de la Cámara que rechazó ese argumento. Si el máximo tribunal admite la queja, deberá requerir el expediente, lo que podría postergar el inicio del juicio.
El encubrimiento que describe la fiscalía
La acusación sostiene que, tras el crimen ocurrido en la madrugada del 26 de febrero de 2006, Kaleñuk intervino para garantizar la impunidad del autor material, César Soto, ex pareja de Paulina y padre de su hija.
Según la reconstrucción fiscal, luego de una discusión en el domicilio de Soto, en calle Estados Unidos al 1200, la joven fue asesinada por asfixia mecánica por estrangulamiento manual. Tras el homicidio, siempre de acuerdo con el requerimiento, Soto habría recurrido a Kaleñuk para deshacerse del cuerpo y evitar consecuencias judiciales.
El Ministerio Público afirma que ambos trasladaron el cuerpo hasta el kilómetro 2,8 de la ruta provincial 341, en la zona de Tapia, donde permaneció hasta el 11 de marzo de 2006, cuando fue hallado. La autopsia confirmó que la muerte se produjo en la época de la desaparición.
El celular y las comunicaciones
Uno de los ejes más sensibles de la acusación es la presunta eliminación del celular de la víctima. El fiscal sostiene que Kaleñuk se deshizo del teléfono para borrar rastros. Los informes técnicos incorporados al expediente reconstruyen activaciones posteriores del aparato con chips de terceros.
También se analizan cruces telefónicos que ubicarían el celular de Kaleñuk en la misma antena que el de Paulina en horas posteriores a su desaparición. A eso se suman contactos con el entonces subjefe de Policía, Nicolás Barrera, quien fue condenado en un juicio previo por el encubrimiento institucional del caso.
Para la fiscalía, esas comunicaciones no fueron casuales sino parte de un entramado orientado a desviar la investigación y blindar responsabilidades.
La coartada y el rol como funcionario
El requerimiento también describe la construcción de una posible coartada. Tras abandonar el cuerpo, Kaleñuk habría regresado a la capital tucumana y se presentó en la venta de entradas para el clásico entre Atlético Tucumán y San Martín, con el objetivo de fijar presencia en un lugar público en una franja horaria clave.
La acusación remarca además su condición de funcionario público. La defensa sostiene que el cargo que hoy ocupa en la Legislatura fue posterior al crimen y que, por lo tanto, no corresponde aplicar la agravante vinculada a la función pública. Sin embargo, desde la querella y el entorno de la familia Lebbos sostienen que siempre formó parte de estructuras estatales y que esa condición explica el nivel de protección que habría tenido.
Un caso atravesado por la impunidad
El crimen de Paulina derivó en varios juicios y condenas contra ex funcionarios de seguridad y judiciales por encubrimiento y desvío de la investigación. Entre ellos, el ex secretario de Seguridad Eduardo Di Lella y otros jefes policiales. La causa dejó al descubierto una trama de ocultamientos, falsificaciones y maniobras que durante años impidieron esclarecer los hechos.
Ahora, el proceso contra Kaleñuk y Soto aparece como una instancia decisiva. La fiscalía sostiene que existe mérito suficiente para llevar a juicio al imputado por encubrimiento agravado, previsto en el artículo 277 del Código Penal.
A días de cumplirse dos décadas del asesinato, la discusión ya no es sólo jurídica. Para la familia de Paulina, el eventual freno del juicio por una cuestión de prescripción sería la confirmación de que el tiempo y el poder siguen jugando a favor de los mismos nombres.
