La Municipalidad de San Miguel de Tucumán, en articulación con el Concejo Deliberante, dio un nuevo paso en la reformulación del Código de Planeamiento Urbano (CPU), un proceso que busca redefinir el crecimiento de la capital con criterios modernos, sustentables y orientados a una mejor calidad de vida. En ese marco, el Consejo Económico y Social (CES), órgano asesor del Ejecutivo municipal, elaboró más de 30 recomendaciones que ya fueron incorporadas al debate legislativo.
La iniciativa tomó impulso la semana pasada durante la primera audiencia pública convocada por el cuerpo parlamentario que preside Fernando Juri. Allí, la intendenta Rossana Chahla presentó ante la comisión especial encabezada por Facundo Vargas Aignasse un documento técnico con propuestas elaboradas por especialistas del CES, centradas en el uso del suelo, la infraestructura, la movilidad y la prestación de servicios.
Entre los principales lineamientos, el organismo que dirige Matías Avenali plantea la necesidad de expandir el área central hacia el oeste, con el objetivo de reconvertir zonas industriales o comerciales subutilizadas en espacios residenciales y de servicios. La intención es equilibrar el desarrollo urbano, disminuir la presión sobre el microcentro y promover nuevas centralidades que permitan una distribución más equitativa de los recursos.
Este enfoque se complementa con la propuesta de incentivar fiscalmente proyectos habitacionales en esas áreas, al tiempo que se sugiere adoptar una mirada metropolitana que contemple corredores intermunicipales de transporte y conectividad. En esa línea, también se impulsa la revalorización del sur de la ciudad mediante la promoción de viviendas de interés social.
Uno de los puntos más sensibles del documento es el vinculado al servicio de agua. El CES plantea avanzar hacia la unificación de los organismos que actualmente intervienen en su gestión —como la Dirección de Recursos Hídricos, el Sepapys, el Ersept, la SAT y la Dirección Provincial del Agua— para mejorar la eficiencia.
A su vez, propone analizar la municipalización del servicio en la Capital, una alternativa que también fue considerada en otras jurisdicciones como Yerba Buena y Concepción.
En paralelo, se sugiere la elaboración de un plan director conjunto que permita diagnosticar con precisión los problemas de abastecimiento y determinar si las fallas responden a la producción o a la distribución del recurso.
La reorganización urbana también contempla mejoras en la movilidad. El CES recomienda la creación de centros de transferencia vehicular y el desarrollo de un sistema de transporte intermodal que favorezca la conectividad entre distintos sectores de la ciudad y el área metropolitana. En ese esquema, se promueve el uso de la bicicleta mediante la instalación de espacios de estacionamiento en puntos estratégicos como comercios, centros laborales y espacios públicos.
Otro eje relevante es la integración del entorno natural. El documento propone vincular funcionalmente el cerro con el río Salí y recuperar las riberas como espacios públicos accesibles, destinados a actividades recreativas y deportivas. La iniciativa apunta a mejorar la calidad ambiental, reducir el estrés urbano y generar ámbitos de encuentro para la comunidad.
En materia de seguridad y planificación, el CES advierte sobre la situación de barrios ubicados bajo tendidos de alta tensión, donde unas 500 familias se encuentran expuestas a riesgos. Por ello, se plantea revisar la normativa vigente para garantizar distancias mínimas y reducir el impacto sobre las viviendas.
El ordenamiento del espacio urbano incluye también la regulación de la cartelería, con el objetivo de disminuir la contaminación visual y preservar la identidad estética de la ciudad. Se propone establecer criterios claros sobre tamaño, ubicación y características de los anuncios, evitando su instalación en áreas patrimoniales o peatonales y promoviendo diseños acordes al entorno.
En paralelo, se impulsa la generación de condiciones que favorezcan la inversión privada, mediante el desarrollo de polos comerciales, gastronómicos y turísticos que incluyan ferias, mercados y espacios de recreación. Para ello, se plantea la implementación de incentivos financieros y esquemas de cooperación público-privada que dinamicen la economía local.
El paquete de recomendaciones se completa con propuestas orientadas a fortalecer el respeto por las normas, proteger el patrimonio histórico, incorporar infraestructura verde y promover la sostenibilidad como eje transversal del desarrollo urbano. Todo este material forma parte de un borrador en construcción que será analizado por el Concejo, en un proceso que busca redefinir el perfil de San Miguel de Tucumán de cara a los próximos años.
