En las visitas que realiza el ministro del Interior, Diego Santilli, a las provincias dialoguistas y aliadas, recoge la buena voluntad de los gobernadores para apoyar la reforma laboral que debe tratar el Congreso.
Pero también escucha los reclamos por la plata que no llega a esas jurisdicciones, por la paralización de la obra pública, las deudas con las cajas previsionales y el temor de que, si sale el proyecto tal como está redactado, sus arcas se vean más debilitadas.
A Santilli todavía le queda una buena parte del interior por recorrer antes de que la iniciativa sea tratada el 11 de febrero en el Senado, si prospera el plan de los libertarios, la “modernización laboral”, como le gusta llamarla a Javier Milei.
El ministro Santilli tiene en carpeta reuniones con los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Neuquén, Rolando Figueroa.
Luego visitará al aliado Rogelio Frigerio de Entre Ríos y tendrá el encuentro postergado con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, un peronista que se muestra duro a la hora de negociar, pero que muestra flexibilidad cuando se atienden los intereses de su provincia.
El problema radica en el capítulo tributario de la reforma laboral porque no son pocos los mandatarios que consideran que afecta los intereses económicos de las provincias.
Se trata del artículo 190 que reduce la alícuota del impuesto a las sociedades del 30 % al 27 % y del 35 % al 31,5 %.
Los gobernadores advierten que esto provocará una baja importante en ese impuesto que es coparticipable.
