El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán dio el primer paso para saldar una deuda histórica: la actualización del Código de Planeamiento Urbano (CPU), una estricta normativa que no se modifica desde el año 1998. Con la meta de tener un proyecto sancionado para fin de año, el municipio inició una serie de audiencias públicas que buscarán definir cómo viviremos los tucumanos durante los próximos 40 años. Lejos de intentar proyectar una «ciudad ideal» inalcanzable, el debate arrancó con un fuerte baño de realidad y una propuesta estructural que acaparó la atención: la necesidad urgente de construir más de una decena de puentes para transformar definitivamente la conectividad del Gran San Miguel de Tucumán.
La gran apuesta: 14 puentes y una nueva visión metropolitana
El secretario de Obras Públicas del municipio, Luis Lobo Chaklian, fue el encargado de presentar el diagnóstico urbanístico y puso sobre la mesa el proyecto de infraestructura vial más ambicioso de la jornada. Para terminar con el aislamiento de distintos sectores periféricos y encontrarle una salida al caótico tránsito diario, el funcionario aseguró que la Capital debe asumir que es indispensable construir al menos 14 nuevos puentes.
Esta red de conectividad estratégica contempla cuatro cruces sobre el río Salí para integrar el este de la provincia, tres puentes sobre la avenida Francisco de Aguirre para agilizar el vínculo directo con Las Talitas, y otros cuatro puentes clave dirigidos a descomprimir el intenso flujo vehicular hacia y desde Yerba Buena. A este esquema de vinculación metropolitana se suma una visión a largo plazo para el Canal Sur: la Municipalidad proyecta que, en las próximas décadas, este extenso cauce logre transformarse en una auténtica autopista rodeada de espacios verdes, permitiendo una circulación rápida hacia todos los puntos del conglomerado urbano y rompiendo con la dependencia exclusiva del histórico corredor Mate de Luna-24 de Septiembre.
El colapso del casco histórico y la necesidad de expandirse
El principal argumento para impulsar estas monumentales obras de conexión es la saturación insostenible del centro tucumano. El diagnóstico municipal arrojó un dato contundente: dentro de las cuatro avenidas principales, que representan apenas el 10% de las parcelas de la ciudad, se concentra hoy el 30% de toda la actividad registrada y más de la mitad de las escuelas del municipio (106 establecimientos sobre un total de 192). Ante esta asfixiante presión que sufren a diario vecinos y trabajadores, el nuevo código buscará generar «nuevas centralidades». El objetivo es llevar los servicios, el comercio y el esparcimiento hacia los barrios, fomentando que la sociedad tenga la ciudad al alcance de la mano sin la obligación de trasladarse permanentemente al casco histórico.
Nuevas reglas para los edificios y la habitabilidad
A la par de la infraestructura vial, la reforma del CPU pondrá bajo la lupa la manera en que se construye en la Capital. Se anticipan fuertes debates sobre la edificación en altura y el uso del espacio privado. El municipio plantea discutir, por ejemplo, la obligatoriedad de que todos los nuevos departamentos cuenten con balcones para garantizar una mejor calidad de vida y habitabilidad, o exigir que los desarrollos inmobiliarios destinen la planta baja y el primer piso exclusivamente a estacionamientos. Estas medidas podrían derivar en edificios con menos pisos, fomentando una ciudad más baja y extendida.
El camino hacia el consenso político
El inicio de estas audiencias contó con un fuerte respaldo institucional, marcando la importancia del debate. La intendenta Rossana Chahla destacó la urgencia de eliminar las trabas burocráticas y ordenar el crecimiento mediante normas claras y consensuadas con los vecinos. Por su parte, el presidente del Concejo, Fernando Juri, y el titular de la comisión especial encargada de la reforma, Facundo Vargas Aignasse, coincidieron en que el éxito de esta modernización dependerá de la capacidad de todos los sectores (políticos, profesionales y ciudadanos) para ceder posiciones y dialogar. Las audiencias continuarán desarrollándose cada 10 días para recibir propuestas y encaminar la redacción del dictamen final.
