A pesar de que la Iglesia católica en la Argentina anunció en 2018 que renunciaba al aporte económico del Estado -que apenas rondaba el 10% de su presupuesto- y que desde fines de 2023 prácticamente ya no existe ese flujo, muchos católicos -y argentinos en general- siguen creyendo que ella se financia con el dinero estatal.
Esta idea errónea -que se suma a la creencia de que “es rica” en patrimonio- lleva a muchos fieles a no contribuir al sostenimiento de su Iglesia en sus 66 diócesis de todo el país, lo que -salvo alguna que otra diócesis que puede estar mejor económicamente- provoca que su situación financiera sea delicada.
La perspectiva es que será cada vez más delicada por una cuestión bien simple y parecida a lo que ocurre en la sociedad civil: el promedio de edad de los sacerdotes no para de subir, mientras que disminuye el número de los nuevos, agravando la situación de su mutual y una ayuda por el retiro.
En paralelo, a la renuncia del aporte del Estado que -aunque mínimo, como se señaló, era valioso para las diócesis más pobres- la Iglesia puso en marcha una campaña para crear conciencia entre los fieles de que debían sostenerla, que estuvo precedida de otras hace décadas.
