El Gobierno nacional decidió avanzar sobre la administración del puerto de Ushuaia y oficializó su intervención este jueves mediante la Resolución 4/2026, publicada en el Boletín Oficial. La medida, dictada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) bajo la firma de su director ejecutivo, Iñaki Arreseygor, establece que el Estado nacional tomará el control operativo, técnico y administrativo de la terminal por el plazo de un año, con posibilidad de prórroga si persisten las irregularidades.
Los motivos de la intervención
La decisión se fundamenta en los resultados de una inspección realizada el año pasado. Según la ANPYN, se detectaron irregularidades financieras graves, apuntando específicamente al desvío de fondos públicos: recursos que debían volcarse al mantenimiento del puerto habrían sido utilizados por la provincia para gastos corrientes, violando la normativa vigente.
El informe oficial es lapidario respecto al estado de la terminal: alerta sobre el deterioro de la infraestructura del muelle, deficiencias operativas y la ausencia de protocolos de seguridad. Además, el organismo nacional citó la falta de respuesta de las autoridades locales ante intimaciones previas, denuncias de «vaciamiento» realizadas por trabajadores y la creciente preocupación de las empresas navieras que operan en la zona.
Conflicto en plena temporada
La intervención llega en un momento crítico, durante la temporada alta de cruceros, lo que elevó la temperatura política con la gobernación de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Desde la administración del gobernador Gustavo Melella rechazaron tajantemente la resolución de la gestión de Javier Milei. Fuentes del ejecutivo fueguino consideraron que la medida representa «un avasallamiento importante sobre la autonomía de la provincia» y aseguraron que, pese a la orden nacional, la operatividad del puerto se mantiene con normalidad.
La respuesta judicial
Ante este escenario, la provincia confirmó que no acatará pasivamente la decisión y llevará el conflicto a los tribunales. Desde la gobernación adelantaron a Ámbito que los equipos legales ya están diseñando una presentación para frenar la intervención. «Será una estrategia netamente legal. Vamos a ir a la Justicia», sentenciaron, con el objetivo de que la Dirección Provincial de Puertos recupere su «autonomía real y concreta».
